Las normativas derogadas estaban destinadas a garantizar la calidad y diversidad de los materiales educativos, estableciendo un sistema sofisticado que enfatiza la colaboración entre educadores, editores educativos y el Ministerio de Educación.
Kristenn Einarsson, Presidente del Comité de Libertad de Publicación de la UIE, dijo: La UIE está firmemente junto a nuestros colegas mexicanos. Esta decisión del gobierno mexicano es un ataque a la libertad de publicación y va en contra de las prácticas internacionales establecidas en la provisión de libros de texto. Instamos a las autoridades mexicanas a reconsiderar.
Stephan de Valk, Presidente del Foro de Editores Educativos de la UIE, agregó: “Nuestra experiencia es que los mejores resultados educativos se logran mediante la colaboración entre gobiernos, editores y maestros para asegurar la mayor variedad posible de libros de texto localmente relevantes. La nacionalización de la publicación educativa restringe la elección de maestros y estudiantes y resulta en materiales de menor calidad. Esto solo puede ser perjudicial para el país.”
En una publicación en el blog de la UIE, Hugo Setzer, Presidente de CANIEM, dijo: “La cancelación de estas regulaciones fue arbitraria e ilegal y evitó que los editores participaran en la publicación de libros de texto para escuelas secundarias, perjudicando a millones de estudiantes y maestros mexicanos.”
Puedes leer su publicación completa aquí.
Esta acción del gobierno mexicano sigue un patrón alarmante de restricciones impuestas a los editores educativos en toda América Latina. El mes pasado, el gobierno de São Paulo intentó retirarse del Programa Nacional de Libros de Texto y convertirse en el único proveedor de materiales educativos desde el quinto hasta el duodécimo grado. Una orden judicial del Tribunal de Justicia de São Paulo revocó la decisión del estado para alivio de estudiantes, educadores y editores por igual. De manera similar, la Asociación de la Industria Editorial de la República Dominicana alertó sobre la iniciativa de su gobierno federal de nacionalizar la producción de libros de texto, comenzando con la aprobación por parte del gobierno de 79 libros de texto estatales sin cumplir con las regulaciones establecidas y generando preocupaciones sobre su calidad.